Jose Manuel López Blay

Maestro

Reflexionar sobre la educación en el mundo rural a finales del siglo XX nos debería permitir, entre otras cosas, reconstruir el propio concepto de ruralidad, como proyecto de vida autónomo e integral, atento a sus propias necesidades y valores. Un proyecto no necesariamente antagónico al urbano, pero que recupere la dignidad imprescindible para desembarazarse del lastre que la ha hecho vivir con complejo de inferioridad frente al modelo urbano.

Una ruralidad que diga basta a las visiones bucólicas que la han instalado en una crisis permanente y que comience a exigir con firmeza la concreción práctica de derechos constitucionales elementales, entre los que, evidentemente, figura el derecho a la educación y la garantía de que se hace efectivo el principio de igualdad de oportunidades.

Reflexionar sobre la educación en el mundo rural supone hacerlo en el contexto de un proyecto global de desarrollo integral, armónico y sostenible. No existe futuro para la escuela rural si no lo hay para el mundo rural; aunque, seguramente, el mundo rural tampoco tenga un futuro esperanzador sin la garantía de una formación permanente para sus moradores.

Instalarse en esta perspectiva, tal vez, nos permita repensar el papel que la institución educativa deba jugar en la satisfacción de las necesidades formativas y de aprendizaje de la población rural a lo largo de toda su vida y no anclar el discurso en el estricto período de la educación obligatoria.

Durante demasiado tiempo hemos vivido pensando que la solución a la escuela rural –que no a la educación en el mundo rural– era reproducir el modelo de institución educativa urbana a escala reducida. La mala conciencia ha hecho que la escuela rural tuviera que esforzarse por demostrar que podía ofrecer la misma calidad que su hermana mayor, la escuela urbana, paradigma de la calidad educativa. No en vano, la escuela nació con un carácter eminentemente urbano. Toda la legislación educativa ha pivotado sobre este paradigma, lo que ha provocado que la escuela rural quedara sistemáticamente ignorada –y, a veces, masacrada– en las leyes de educación que en este país han sido. Orillada en la legislación y olvidada por la administración, la escuela rural ha buscado –con un cuerpo doctrinal poliédrico y no exento de contradicciones– fórmulas que la homologasen con los parámetros de calidad que se atribuían per se a la escuela urbana (profesorado especialista, organización del currículum por edades cronológicas, abundancia de materiales y recursos didácticos, etc). Dicha perspectiva ha empañado las alternativas elaboradas, fundamentalmente, por una militancia pedagógica de variopinto posicionamiento ideológico que, para mayor inri ha visto cómo la administración educativa fagocitaba sus discursos y los traducía en términos de soluciones meramente organizativas –llámese la reordenación de las escuelas no graduadas en centros rurales agrupados (soluciones como los CRAS, PAEP, etc)– o arbitrando medidas de choque de marcado carácter asistencial (los programas de educación compensatoria) que no han abordado lo esencial del problema.

Porque el problema no consiste sólo en dilucidar si es posible y deseable construir un modelo educativo específicamente rural o si, por el contrario, la aspiración es el diseño de un modelo urbano de dimensiones reducidas; ni tan siquiera en debatir la conveniencia o no de crear un subsistema educativo rural como garante de la adecuada ordenación territorial del sistema educativo en el mundo rural. En cualquier caso, la columna vertebral de esta reflexión pendiente debe ser el convencimiento de que la diversidad de situaciones debe ser tratada con diversidad de soluciones. Soluciones que deberán reflejarse en la elaboración de proyectos educativos contextualizados en el territorio donde se apliquen. Proyectos educativos que determinen sus finalidades y sus objetivos, sus modelos organizativos y sus prácticas curriculares de acuerdo a proyectos políticos, económicos y culturales de amplio alcance con los que necesariamente se ha de sentir comprometida la institución escolar.

En el medio rural la institución escolar debe reclamar la ruptura de los rígidos patrones organizativos que los legisladores han diseñado con excesivo celo homogeneizador y reivindicar su importantísima función sociocultural, que le permita convertirse en un centro comunitario y polivalente de educación y formación permanentes. En la mayoría de los casos, en el único centro de formación existente. Tal vez eso exija un cambio de actitud de la comunidad educativa –y de toda la sociedad rural– en su compromiso para convertir los órganos democráticos de participación en auténticos foros desde los que se reclame la necesaria autonomía para construir alternativas concretas a cada situación concreta. Tal vez, eso exija también unas mayores cotas de responsabilidad municipal en la promoción de dinámicas que rescaten el protagonismo de las personas en el diseño de políticas educativas contextualizadas en el territorio. Sólo así será capaz la institución educativa en el mundo rural de afrontar los desafíos que la sociedad que se nos viene encima plantea; estando atenta a las nuevas necesidades formativas y de aprendizaje que exigen las rapidísimas modificaciones que se producen; necesidades formativas no sólo de la infancia y la juventud, sino también de las personas adultas; garantizando formas democráticas de acceso a la información y a la transmisión del conocimiento no sólo durante el período de enseñanza obligatoria sino a lo largo de toda la vida; adoptando soluciones coherentes ante los cambios estructurales de la sociedad, no sólo para aceptarlos, sino, a veces, para contestarlos desde la perspectiva de la construcción de un mundo más justo y solidario para el futuro.

A nadie se le escapa que lo que aquí se apunta hace periclitar una concepción muy arraigada sobre lo que debe ser la escuela desde el punto de vista ideológico –permítaseme usar aquí la parte por el todo y ahorrarme la farragosa expresión de institución escolar–. Sobre todo, la escuela pública que es la abrumadoramente mayoritaria en el mundo rural. Se está hablando de una escuela que no apuesta por la reproducción de las desigualdades y el mantenimiento del status quo, sino de una escuela liberadora, comprometida con los más desfavorecidos e igualadora de oportunidades. Lo que aquí se apunta dinamita también el nepotismo político y el corporativismo trasnochado que tan frecuentemente vertebran las medidas concretas de la política educativa. Lo que aquí se apunta, sobre todo, hace trizas el apolillado daguerrotipo de la miserable escuela rural, abandonada, desahuciada, marginada como la cenicienta del sistema, y reivindica una escuela nueva, abierta a toda la comunidad rural, democrática y participativa, y que, sin renunciar a su idiosincrasia sepa dar respuestas nuevas a los nuevos y viejos problemas. Y de paso, conceda una nueva oportunidad a las estirpes condenadas a cien años de soledad…